Han sido años de dedicación, compromiso y acompañamiento jurídico a personas, empresas y entidades que han confiado en este proyecto. A lo largo de este recorrido, hemos tenido el privilegio de trabajar en asuntos diversos y complejos, y de establecer relaciones profesionales basadas en la confianza, el rigor y la cercanía.

Quiero expresar un sincero agradecimiento a todos los clientes, colaboradores y profesionales con quienes he compartido este camino. Su confianza ha sido el motor del despacho y el mejor reconocimiento al trabajo realizado.

Este cierre pone punto final a una etapa profesional, pero a la vez abre la puerta a nuevos retos y caminos, que afronto con ilusión y gratitud por todo lo que he aprendido y vivido.

Para urgencias o imprevistos, se podrá contactar de manera esporádica y extraordinaria al teléfono del despacho +376802380.

Gracias por haber formado parte de Thaïs Vinyes Advocats.

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El derecho a la intimidad es todavía más importante en un país pequeño como el nuestro, donde lo que explicamos a nuestro abogado debe ser totalmente reservado y confidencial.

En nuestro país, el secreto profesional se encuentra regulado en el artículo 30 de los Estatutos de la Abogacía, aprobados el 26 de marzo de 2025, que lo definen diciendo:

1. 
   El secreto profesional es el principio moral y jurídico que sitúa al abogado o la abogada en la obligación y en el derecho ineludibles de no revelar ningún hecho, documento o situación del cual tenga conocimiento a raíz de su actuación profesional.

Además, como garantía de lo anterior, el artículo 191 del Código Penal tipifica la violación del secreto profesional como delito, cuando establece:

“Que se castiga con una pena de prisión de tres meses a tres años, al profesional que, incumpliendo la obligación de secreto o reserva, revele secretos de otra persona.”

No obstante, existen excepciones muy concretas en las que un abogado puede levantar el secreto profesional. Estos supuestos son:

1. Con autorización expresa del cliente o de sus herederos.
2. Mediante resolución motivada de la Junta de Gobierno del Colegio, en casos de afectación grave e injusta al abogado o a terceros, y siempre que no perjudique al cliente.

1. En supuestos legalmente establecidos. Por ejemplo, la Ley de blanqueo obliga en determinados casos a formular una denuncia.

¿Cómo funciona?

• El abogado custodia tu información y te asesora con total confianza.
• Todo lo que le expliques, ya sea oralmente o por escrito, nunca se puede revelar sin tu consentimiento.
• Este deber no caduca, ni siquiera cuando termina la relación profesional.

Por tanto, el secreto profesional garantiza que puedas hablar con tu abogado con plena confianza.

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• El primer tipo sería el derivado de un incumplimiento contractual, conocido como responsabilidad civil contractual. Por ejemplo, formalizo un contrato de compraventa de un vehículo y me entregan un vehículo que no se encuentra en condiciones. Adquiero un inmueble y resulta que tiene un vicio oculto. En ambos supuestos, estaríamos ante un incumplimiento contractual y estaríamos legitimados para ejercer la acción civil ante los tribunales andorranos.

En principio, la acción civil contractual dispone de un plazo de prescripción de tres años, si bien existen excepciones, dado que la acción por vicios ocultos, por ejemplo, es de un año a partir del momento en que el comprador tiene conocimiento de la existencia del vicio.

• El segundo tipo, derivado de un ilícito civil, es el que se conoce como responsabilidad civil extracontractual. En este caso, no existe ningún tipo de contrato civil previo y la responsabilidad deriva de la obligación genérica de no causar daño a nadie. Pongamos un ejemplo: un peatón tropieza y tira la motocicleta que tenemos estacionada en la acera. A causa de la caída, se rompe el retrovisor. En este caso, podríamos reclamar al autor del daño una responsabilidad civil extracontractual, y tendríamos un plazo de un año desde que se ocasionó el daño para ejercer la acción civil.

• El tercer tipo de responsabilidad civil es la derivada de un ilícito penal, también conocida como responsabilidad civil ex delicto. En este caso, debe darse la comisión de un delito penal y que sea precisamente esa comisión la que origine una responsabilidad civil. Siguiendo con el ejemplo del peatón que camina por la calle, imaginemos que, en lugar de caer involuntariamente, tira intencionadamente la motocicleta al suelo, con la clara voluntad de causarnos un daño. En este caso, podríamos acusar al autor como responsable de un delito de daños dolosos y, además, reclamar dentro del mismo procedimiento penal la responsabilidad civil.

Esto es así para evitar que la víctima deba hacer un “peregrinaje jurisdiccional”. En términos coloquiales, se trata de facilitarle el proceso y ofrecerle la posibilidad de ejercitar la responsabilidad civil junto con la penal. No obstante, no es obligatorio; es una opción que tiene, y de hecho, el perjudicado puede iniciar primero la acción penal y después formalizar la acción civil. Una vez declarada la responsabilidad penal mediante sentencia, el plazo de prescripción aplicable a la acción civil es de treinta años. Se trata del plazo de prescripción más largo, y es el que otorga el usatge Omnes Causae.

PUNTOS EN COMÚN DE LOS TRES TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

• La primera característica es que todas ellas pertenecen al ámbito del derecho privado y, por tanto, están regidas por el principio dispositivo. Esto significa que el titular de la acción civil puede decidir si la ejercita o no —es decir, puede renunciar a ella—, y también puede decidir qué importes reclamar. Por ejemplo, continuando con el caso de la motocicleta que cae al suelo, imaginemos que no solo se rompe el retrovisor, sino también otros elementos. En este caso, es el titular del derecho quien puede decidir si reclama todo o no (por ejemplo, podría renunciar a la acción civil y, además, decidir presentar una reclamación parcial por los daños sufridos).
• La segunda característica, que por su relevancia merece un tratamiento específico, es la finalidad común de todas estas responsabilidades civiles: la reparación íntegra de la víctima. Este principio, conocido como restitutio in integrum, será analizado a continuación con mayor detalle.
• La tercera característica solo se produce en la responsabilidad extracontractual y en la ex delicto, y supone que, para que prospere la acción civil, deben concurrir de forma acumulativa una serie de requisitos, que son:

1. La producción de un hecho que contravenga la obligación de no causar daño.
2. Que dicho hecho ocasione un daño específico.
3. La existencia de una relación de causalidad entre la conducta lesiva y el daño causado.

Además, debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba recae sobre el damnificado, y es él quien deberá demostrar todos los elementos anteriores.

Así nos lo indica, a modo de ejemplo, la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Andorra número 20/2025, de 17 de febrero de 2025, que literalmente resuelve:

“La responsabilidad del hecho personal conlleva la obligación de reparar el perjuicio resultante de la violación de la obligación general de no causar ningún perjuicio a otros por culpa propia, y cuando se reúnen las condiciones de esta responsabilidad, el perjudicado tiene en principio el derecho a obtener una reparación. El éxito de tal acción impone demostrar una falta del responsable que, por negligencia, imprudencia o malicia, ha incumplido su deber de no causar perjuicio a otros, un perjuicio sufrido por la víctima y un vínculo de causalidad entre el hecho generador de responsabilidad y el perjuicio por el cual se solicita reparación. En cuanto a las reglas de la carga de la prueba, esta cuestión se refiere a la designación legal de la parte que pierde el proceso si el hecho concluyente controvertido continúa siendo incierto, pues la incertidumbre y la duda que permanecen después de la producción de la prueba deben necesariamente recaer en perjuicio de quien tenía la carga de la prueba. Por tanto, en el presente caso, recaía sobre la parte actora probar todos los elementos. Permitiendo acreditar que la Comunidad demandada por ella había incurrido en culpa y el vínculo de causa-efecto con los daños”.

En cuanto a la responsabilidad civil contractual, el requisito esencial que debe acreditarse es el incumplimiento del contrato por parte de la otra parte. Es esta vulneración del pacto contractual la que fundamenta la reclamación de responsabilidad.

EL PRINCIPIO DE RESTITUTIO IN INTEGRUM EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA

¿Y qué significa este principio? Pues bien, este principio manifiesta que la víctima o el perjudicado deben recibir la reparación máxima del daño sufrido, con el único límite de no enriquecerse.

En efecto, la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia número 52/2024, de fecha 20 de marzo de 2024, nos indica:

“En este caso, la aplicación del ‘principio de la Restitutio in Integrum’ en virtud del cual ya hemos dicho de forma reiterada que la reparación del perjuicio siempre debe ser íntegra para dejar indemne al perjudicado, sin ganancia ni pérdida”.

Por tanto, los tribunales andorranos deben procurar que la víctima quede en un estado similar (o lo más parecido posible) al que se encontraba antes de la existencia del daño, sin que se produzca ni pérdida ni ganancia. Es decir, el perjudicado no puede enriquecerse como consecuencia del daño sufrido.

En este sentido, la Sentencia número 101/2025 de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 11 de junio de 2025, precisa literalmente:

“Este planteamiento, sin embargo, no podrá prosperar y deberá ser desestimado porque, como lo dice la Sra. Batlle en la sentencia apelada, en sede de derecho de daños la indemnización siempre debe ser integral, lo que implica cumplir con el mismo concepto de indemnización, es decir, dejar indemne al perjudicado reconstruyendo o reconstituyendo al perjudicado en la misma situación patrimonial existente antes de la producción del daño, es decir, sin que haya sufrido perjuicio alguno. Y, con ello, debe recordarse que es precisamente el perjudicado quien tiene el derecho de elegir la forma de ser indemnizado. Por tanto, en el supuesto que se plantea, el perjudicado podía elegir entre el valor de sustitución del árbol plantado o el abono de la factura de reparación del daño concreto, no estando en principio en manos del deudor la forma en que se reparará el daño, para evitar que ello perjudique al acreedor”.

Por tanto, se trata de dejar indemne al perjudicado en la medida de lo posible, reconstruyendo su situación patrimonial tal como era antes de la producción del daño.

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Una de las tareas más complejas, pero también más trascendentes del ejercicio jurídico es la protección de los derechos de los niños. Esta protección, en el marco normativo andorrano, se fundamenta en la Ley 14/2019, de 15 de febrero, calificada de los derechos de los niños y los adolescentes, que despliega un conjunto de derechos y garantías con vocación de efectividad y en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Los derechos de los niños: más allá de una proclamación

El artículo 1 de la Ley 14/2019 reconoce que todos los niños tienen derecho al pleno desarrollo de su personalidad en un entorno de libertad, igualdad, dignidad y seguridad. Son titulares de derechos propios, no derivados, y el Estado debe garantizar su efectividad.

Entre estos derechos destacan:

• El derecho a la identidad y a la vida familiar.
• El derecho a ser escuchados en los procedimientos que les afecten (artículo 15), teniendo en cuenta su madurez y capacidad de discernimiento.
• El derecho a la protección contra cualquier forma de violencia (artículo 59), con medidas específicas de prevención, detección e intervención.

Cuando hay riesgo o desamparo: la actuación del Estado

La Ley establece la distinción entre situaciones de riesgo y de desamparo:

• Riesgo: el niño se encuentra en un entorno inadecuado para su desarrollo, sin una vulneración grave e inmediata de sus derechos fundamentales.
• Desamparo: implica una vulneración grave de los derechos del niño y la incapacidad de los responsables legales para garantizar su protección. En estos casos, pueden aplicarse medidas como la acogida institucional o familiar y la retirada de la autoridad parental.
• Artículo 90: la retirada de la autoridad parental

  El artículo 90 de la Ley 14/2019 regula expresamente la retirada del ejercicio de la autoridad parental cuando esta constituye un obstáculo para garantizar el interés superior del menor. Esta medida puede ser total o parcial y debe ser acordada mediante resolución judicial motivada, respetando plenamente los principios de proporcionalidad, legalidad y protección efectiva del menor.

  Los motivos incluyen, entre otros:

  • Violencia física o psicológica habitual ejercida por el progenitor.
  • Negligencia grave y continuada en las funciones parentales.
  • Conductas u omisiones que comprometan gravemente la integridad o el desarrollo del niño.

  Reflexión final

  En un entorno jurídico cada vez más comprometido con los derechos de los colectivos vulnerables, la protección de los niños debe situarse en el centro de la acción judicial y administrativa. La Ley calificada de los derechos de los niños y los adolescentes no es solo una declaración de principios: es un instrumento jurídico exigente que reclama aplicación rigurosa y compromiso profesional. Su eficacia depende, en última instancia, de todos los operadores jurídicos.

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Este proceso es esencial para garantizar la seguridad jurídica en asuntos internacionales y asegurar que las resoluciones extranjeras se ajusten a los requisitos previstos por la legislación andorrana.

2-Normativa aplicable

Actualmente, el reconocimiento de sentencias extranjeras en Andorra se regula por la Ley 22/2021, del 17 de septiembre, del texto consolidado del Codigo de procedimiento civil,

También resulta clave la jurisprudencia consolidada que, desde hace años, establece los criterios para homologar resoluciones extranjeras. Algunos ejemplos:

• Sentencia núm. 108-2020, de 29-10-2020 (causa TSJC 000242/2019)
• Sentencia núm. 109-2023, de 11-06-2014 (causa TSJC 000362/2023)
• Sentencia núm. 53-21, de 29-03-2021 (causa TSJC 0000383/2018)

Desde el 4 de diciembre de 2024, Andorra forma parte del Convenio de La Haya de 2 de julio de 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Hague Judgments Convention), lo que ha reforzado la seguridad jurídica y ha facilitado el reconocimiento de sentencias extranjeras.

Antes de la aprobación del Código de Procedimiento Civil, eran de aplicación:

• La Ley calificada de la justicia (atribución competencial al Tribunal Superior)
• La Ley transitoria de procedimientos judiciales
• La jurisprudencia de los tribunales andorranos

 Para  Más información:

Normativa: www.bopa.ad

Sentencias: www.justicia.ad

3- Requisitos para conceder el exequátur

Según el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia del TSJC, deben cumplirse los siguientes requisitos, de forma acumulativa:

•  Competencia del tribunal extranjero
•  Regularidad del procedimiento
•  Aplicación de la ley correcta conforme a las normas andorranas de conflicto
•  Conformidad con el orden público nacional e internacional
•  Ausencia de fraude a la ley andorrana

 Si existe incompatibilidad con el orden público, el exequátur puede ser parcial, como se produjo en los casos recogidos en las sentencias 558-2016 (27/02/2020), 031-2022 (04/03/2022) o 099-2020 (30/11/2020).

 Novedades del nuevo Código de Procedimiento Civil

El nuevo Código permite también homologar resoluciones administrativas, como actos notariales o decisiones del Registro Civil, ampliando la protección judicial disponible.

4- Etapas del procedimiento de exequátur (Art. 429 CPC)

• Presentación de la demanda

• 
  Ante el Tribunal Superior de Justicia
• 
  Debe adjuntarse la sentencia extranjera (original o copia auténtica) legalizada o apostillada, traducida, y acompañada de los documentos que acrediten su ejecutividad
• 
  Se tramita mediante procedimiento abreviado
• 
  Se puede acumular la demanda de ejecución (que no se tramita hasta que se conceda el exequátur)
• 
  También se pueden solicitar medidas cautelares extranjeras

2.Admisión a trámite y notificación

• 
  En 5 días hábiles, el presidente del Tribunal de Batlles designa el tribunal competente
  • El demandado y el Ministerio Fiscal tienen 13 días hábiles para presentar al·legacions

3.Prueba y vista oral

• 
  El tribunal admite o deniega las pruebas
• 
  Si procede, se celebra una vista dentro de los 20 días hábiles siguientes (o se resuelve directamente si solo hay pruebas documentales no impugnadas)

4. Sentencia y recursos

• 
  El tribunal dicta sentencia en los 13 días hábiles siguientes a la vista (o desde la decisión de no celebrarla)
• 
  Cabe recurso de apelación contra una sentencia que deniegue el exequátur

¿Cómo podemos ayudarte?

En nuestro despacho de abogados ofrecemos asesoramiento especializado en exequátur y derecho internacional privado, ayudando a nuestros clientes a lograr el reconocimiento y ejecución de sus resoluciones extranjeras en Andorra de forma eficaz y segura.

 Contáctanos para más información o una consulta personalizada.

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Ante estas afirmaciones, cabe preguntarse: ¿es realmente necesario el contacto físico para que se produzca un intercambio sexual a cambio de dinero?

De hecho, la polémica surge a raíz de que diversos colectivos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres hayan expresado su preocupación por la mercantilización del cuerpo femenino, señalando que el intercambio de contenido sexual por dinero, aunque sea virtual, puede constituir una forma de prostitución.

Para hacer frente a esta realidad, el Gobierno de Andorra ha encargado un informe jurídico específico sobre este fenómeno. Pero, ¿qué dice el derecho penal andorrano?

Lo primero que hay que destacar es que, al igual que en los países de nuestro entorno, el Código Penal no castiga a quien ejerce la prostitución, pero sí contempla consecuencias penales para quienes la favorecen, organizan o facilitan. En efecto:

El Capítulo tercero del Título VII del Código Penal andorrano sanciona la prostitución cuando esta es gestionada, favorecida o explotada por terceros.

En concreto:

• El artículo 150 castiga a quien gestiona o financia un establecimiento de prostitución.
• El artículo 151 incluye la captación, promoción o facilitación de la prostitución, y prevé un tipo agravado cuando se realiza a través de medios de comunicación social, internet u otras tecnologías de la información.
• El artículo 152 sanciona el proxenetismo, entendido como quien, mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad o de confianza, induce a una persona a prostituirse o a continuar haciéndolo.
• El artículo 153 prevé penas agravadas cuando quien comete las conductas anteriores además obtiene un beneficio económico, con multas de hasta 30.000 €.

Además, la jurisprudencia andorrana se ha pronunciado recientemente sobre un caso en el que se produce una violación a través de pantallas, lo que refuerza la tesis de que para mantener una relación sexual no es necesario el contacto físico.

Una sentencia reciente, de fecha 19 de febrero de 2025, dictada por el M.I. Tribunal de Corts (n.º 6000044/2024), ha marcado un punto de inflexión jurídico al reconocer que se puede cometer una violación a través de pantallas, siempre que existan:

• una voluntad explícita,
• control sobre la acción sexual,
• e intercambio de dinero u otras formas de coacción.

En dicho caso, el condenado pagó dinero a una madre para que abusara sexualmente de su hija menor de edad ante la cámara, mientras él daba instrucciones y participaba de forma interactiva. Esta resolución imputa el delicto de violación a quien realizó el pago, porque le considera inductor necesario y por tanto autor del delito penal de violación.

Prostitución digital: una zona gris que debe definirse

Aunque la autoproducción de contenido sexual por parte de adultos con consentimiento libre puede quedar fuera del ámbito penal, el debate se plantea cuando:

• Hay intermediación con fines lucrativos, es decir, un tercero lo organiza.
• Se produce una situación de vulnerabilidad o presión económica.
• Se implican menores de edad o existe dificultad para acreditar el consentimiento real.
• Hay beneficio económico.

Cabe recordar que la persona penalizada es quien organiza la actividad, y que el hecho de hacerlo a través de redes sociales y con ánimo de lucro agrava las penas.

En conclusión

Andorra adopta una postura penal contundente frente a aquellas conductas que suponen una instrumentalización del cuerpo de las personas con fines sexuales, especialmente cuando hay ánimo de lucro o desequilibrio de poder. Aunque no se prohíbe la prostitución como acto individual, el legislador protege la autonomía sexual impidiendo que terceros puedan obtener beneficio económico o ejercer control sobre ella.

La presencia de penas elevadas, tipos agravados y la punibilidad de la tentativa muestran un compromiso firme con la defensa de la libertad sexual y la lucha contra la violencia estructural de género, en coherencia con el Convenio de Estambul y otros instrumentos internacionales.

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La Ley se estructura en torno a varios ejes de intervención:

1. Limitación a la inversión extranjera inmobiliaria
   A través del Título I se introducen controles reforzados sobre la inversión extranjera directa, con especial atención al sector inmobiliario. En este sentido, el artículo 9 establece limitaciones cuantitativas y cualitativas en la adquisición de inmuebles por parte de inversores no residentes, con el fin de preservar el parque de viviendas destinadas a residencia principal y moderar la presión sobre los precios.
2. Reforma del régimen de inmigración
   El Título II modifica sustancialmente la Ley calificada de inmigración, estableciendo mecanismos para priorizar la entrada de trabajadores en sectores con demanda acreditada y con garantías de alojamiento digno. Se restringe la concesión de autorizaciones genéricas y se refuerza el control sobre la carga residencial derivada de nuevas llegadas.
3. Control y regulación de los apartamentos turísticos
   El Título III reforma la Ley general de alojamiento turístico, limitando el número de licencias para apartamentos turísticos e imponiendo nuevos requisitos urbanísticos y medioambientales, con especial énfasis en el impacto social y la convivencia vecinal.
4. Creación de una tasa turística finalista
   Se crea una nueva generación de tasa turística, destinada a financiar actuaciones en materia de vivienda y sostenibilidad. Esta tasa grava las estancias en alojamientos turísticos y constituye un instrumento de redistribución territorial y de compensación por el impacto del turismo sobre el suelo y la vivienda.
5. Regulación de viviendas vacías y desatendidas: una medida clave y controvertida
   La medida más significativa —y también la más polémica— es la regulación de las viviendas vacías, que incorpora mecanismos para identificar, controlar y sancionar la no utilización de inmuebles destinados a uso residencial. Esta regulación prevé instrumentos como la creación de un registro obligatorio, recargos fiscales y, en casos concretos, la posibilidad de cesión temporal obligatoria con fines sociales.

Controversia constitucional: el derecho a la vivienda frente al derecho de propiedad

Varios grupos parlamentarios ya han anunciado su intención de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, especialmente por esta última medida, que, afirman, vacía de contenido el derecho de propiedad privada reconocido por la Constitución andorrana.

Sin embargo, el artículo 27 de la Constitución establece claramente que “la propiedad privada y el derecho de sucesión son reconocidos sin más limitaciones que las derivadas de la función social”. Asimismo, el derecho a una vivienda digna también está reconocido constitucionalmente (artículo 33), y el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que ambos derechos tienen igual jerarquía y que, en caso de conflicto, deben ser objeto de ponderación razonada por parte del legislador.

Esta línea interpretativa ya ha sido recogida por la jurisprudencia constitucional en casos anteriores, donde se ha validado el interés general en materia de vivienda como un límite legítimo al derecho de propiedad, siempre que las medidas adoptadas sean proporcionadas, justificadas y respeten la esencia del derecho afectado.

Conclusión: una ley de transición hacia un nuevo modelo de equilibrio

La Ley 5/2025 abre un nuevo paradigma normativo en el que el crecimiento económico y urbanístico debe conciliarse con la sostenibilidad y la cohesión social. El impacto jurídico de las medidas adoptadas será, sin duda, objeto de análisis doctrinal, debate político y control jurisdiccional, con especial atención al derecho comparado y a la jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales.

Aunque las medidas adoptadas parecen, en términos generales, coherentes con la situación estructural que el legislador pretende abordar, queda por ver si su aplicación práctica se traducirá en una mejora efectiva del acceso a la vivienda y en un reequilibrio real del modelo de crecimiento urbanístico.

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Para entenderlo mejor, es necesario hacer referencia al Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul. Este documento es un instrumento jurídico clave a nivel internacional y ha influido en la legislación andorrana.

El Convenio de Estambul

El Convenio de Estambul es un tratado internacional adoptado por el Consejo de Europa en 2011, con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, proteger a las víctimas y perseguir a los responsables. Andorra lo firmó el 22 de febrero de 2013, y el 23 de enero de 2014, el Consejo General lo aprobó y entró en vigor.

Este convenio es el primer instrumento jurídico vinculante a nivel europeo en materia de prevención y lucha contra la violencia de género y doméstica. Parte de la premisa de que la gran mayoría de víctimas de violencia física, sexual y psicológica son mujeres, y establece que estas formas de violencia constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de discriminación por razón de género.

Además, reconoce que la violencia doméstica puede afectar a mujeres, hombres e incluso menores, incluyendo a aquellos niños y niñas que presencian situaciones de violencia.

Objetivos principales del Convenio

El Convenio de Estambul tiene como objetivos fundamentales:

• Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia.
• Prevenir, perseguir y eliminar la violencia de género y la violencia doméstica.
• Promover la igualdad de género y erradicar la discriminación.
• Establecer mecanismos para la protección y asistencia a las víctimas.
• Fomentar la cooperación internacional en la lucha contra la violencia de género.

Definiciones clave

El Convenio establece conceptos esenciales para comprender el alcance de sus disposiciones:

• Violencia contra las mujeres: Cualquier acto que cause daño físico, sexual, psicológico o económico a una mujer, incluyendo la coacción y la amenaza.
• Violencia doméstica: Violencia ejercida en el ámbito familiar o en relaciones de pareja. Las víctimas pueden ser mujeres, hombres o menores, y en el caso de los niños, se consideran víctimas incluso si solo presencian los hechos.
• Género: Construcción social de los roles asignados a hombres y mujeres, independientemente del sexo biológico.

Obligaciones de los Estados signatarios

Los Estados que han ratificado el Convenio se comprometen a adoptar una serie de medidas:

• Legislar: Adaptar sus leyes para criminalizar la violencia contra las mujeres. En este sentido, se promovieron modificaciones importantes en el Código Penal.
• Prevención: Desarrollar campañas de sensibilización y programas educativos, así como formación específica para los agentes implicados (abogados, jueces y administración pública).
• Protección de las víctimas: Establecer servicios especializados como refugios, líneas de atención 24 horas y apoyo jurídico.
• Investigación y persecución: Actuar con diligencia ante cualquier caso de violencia de género.
• Cooperación internacional: Compartir buenas prácticas entre los países signatarios.

Supervisión del cumplimiento: el papel del GREVIO

El órgano encargado de supervisar la aplicación del Convenio es el GREVIO (Grupo de Expertos sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica), que elabora informes periódicos para evaluar el nivel de cumplimiento de cada Estado y formular recomendaciones.

La indemnización de las víctimas y la reserva de Andorra al artículo 30.2

Uno de los aspectos más destacados del Convenio de Estambul es el artículo 30.2, que establece que los Estados deben garantizar que las víctimas de violencia de género reciban una indemnización adecuada cuando esta no pueda ser asumida por el agresor. Esto significa que, en caso de que el autor del delito no tenga recursos para indemnizar a la víctima, el Estado debería garantizar una compensación mediante fondos públicos.

Sin embargo, Andorra formuló una reserva a este artículo en el momento de su ratificación, lo que la eximía de la obligación de indemnizar subsidiariamente a las víctimas. Esta decisión estuvo motivada por diversas razones, como el impacto económico de esta medida o la existencia de otros mecanismos de apoyo social.

Las consecuencias de esta reserva han sido:

1. Las víctimas que no reciben indemnización por parte del agresor no pueden reclamar directamente al Estado.
2. El GREVIO y otros organismos internacionales han recomendado a Andorra que retire esta reserva para garantizar una mejor protección a las víctimas.
3. Se han generado debates políticos y sociales sobre la necesidad de modificar esta situación.

¿Hacia una retirada de la reserva?

Actualmente, parece que el Estado andorrano se plantea retirar la reserva al artículo 30.2 y asumir la indemnización de las víctimas en determinados casos y circunstancias. Esta medida supondría un avance en la protección de las víctimas de violencia de género, garantizándoles un apoyo económico en los casos en los que el agresor no pueda hacer frente a la indemnización.

Esta posible modificación podría tener un impacto positivo en la recuperación de las víctimas, ya que les ayudaría a afrontar las secuelas físicas, psicológicas y económicas derivadas de la violencia sufrida.

Conclusión

El Convenio de Estambul ha supuesto un paso adelante en la lucha contra la violencia de género y doméstica. No obstante, Andorra decidió formular una reserva al artículo 30.2, eximiéndose de su obligación de garantizar la indemnización subsidiaria a las víctimas. Ante la creciente presión política y social, ahora se plantea retirar esta reserva, lo que supondría un cambio significativo en la protección y asistencia a las víctimas.

Será necesario ver cómo evoluciona este debate y si, finalmente, Andorra decide reforzar su compromiso con las víctimas de violencia de género mediante esta medida.

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Si te encuentras inmerso en un caso como este, aquí tienes un breve resumen para saber qué deberás hacer.

Lo primero que hay que entender es cuál es la diferencia entre la separación y el divorcio.

De acuerdo con el artículo 133 del Código de familia, los efectos que produce la demanda de separación son los siguientes:

Primero. A nivel personal, la suspensión de la comunidad de vida generada por el matrimonio; interrumpe la obligación de los cónyuges de vivir juntos y el deber de fidelidad.

Segundo. A nivel patrimonial, conlleva la revocación de los poderes otorgados entre los cónyuges y pone fin a la posibilidad de vincular bienes del otro en virtud de la potestad doméstica.

De acuerdo con el artículo 233 del Código de familia, sin la declaración de divorcio, sigue vigente la obligación de prestar alimentos al otro cónyuge.

De acuerdo con el artículo 134 del Código de familia, los cónyuges separados pueden reconciliarse sin necesidad de volver a casarse.

En cambio, la declaración de divorcio conlleva la extinción definitiva del vínculo matrimonial y, por lo tanto, la desaparición definitiva de los derechos y obligaciones que dicho vínculo genera; cada cónyuge puede rehacer su vida y, si lo desea, volver a casarse.

Por ello, recomendamos esta segunda opción en el caso de que tengas muy claro que no existe ninguna posibilidad de reconciliación. Lo importante en el divorcio es que se extingue el vínculo y, con él, todos los deberes (económicos y patrimoniales) que genera el matrimonio, incluido el deber de prestar alimentos al otro cónyuge.

Vías para obtener tanto la declaración de separación como la de divorcio

Primera vía. La declaración de separación y de divorcio se puede solicitar ante el Batlle de mutuo acuerdo.

Es la vía más rápida y la más recomendable, ya que conlleva menos tensiones y siempre es mejor que sean los propios cónyuges quienes lleguen a un acuerdo, especialmente si hay hijos. Requiere un convenio regulador, preparado por un abogado, que incluya aspectos como:

• La voluntad de separarse o divorciarse.
• La regulación de la custodia de los menores y el régimen de visitas.
• La fijación de una pensión de alimentos a favor de los hijos y una posible pensión compensatoria para el cónyuge menos favorecido, siempre que se den determinados requisitos.
• El reparto del patrimonio o de los bienes comunes, si los hubiera.

Una vez firmado el convenio, se debe presentar una demanda ante la Batllia para que un tribunal lo homologue, circunstancia que se produce cuando los derechos de las partes quedan suficientemente garantizados. Cuando hay menores, interviene el Ministerio Fiscal.

Segunda vía. Procedimiento contencioso:

Esta situación se da cuando no hay acuerdo entre las partes. En este caso, una de las partes interpone la demanda y, en la misma, solicita una serie de medidas. En este supuesto, se abre la vía litigiosa. Este proceso suele ser más largo y complicado.

En ambos casos, en principio necesitarás:

• Certificado de matrimonio.
• Certificado de nacimiento de los hijos, si los hay.
• Pasaporte de los cónyuges y de los hijos, si los hay.
• Certificados de residencia.
• Extractos de puntos de la CASS de los últimos 12 meses.
• Documentos acreditativos de los bienes, cuentas bancarias y otros activos comunes.

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Es una realidad que tanto en nuestro país como en los países vecinos, en los últimos tiempos nos encontramos en un periodo en el que los precios de la vivienda han aumentado significativamente, lo que dificulta el acceso de una parte muy importante de la población a una vivienda digna.

También es cierto que el artículo 32 de la Constitución autoriza al Gobierno a intervenir en la ordenación del sistema económico con la finalidad de regularlo en beneficio del interés general, y que el artículo 33 le otorga el mandato de garantizar una vivienda digna para todos.

Concretamente, estos artículos disponen:

Artículo 32

El Estado puede intervenir en la ordenación del sistema económico, mercantil, laboral y financiero para hacer posible, en el marco de la economía de mercado, el desarrollo equilibrado de la sociedad y el bienestar general.

Artículo 33

Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna.

No podemos olvidar, sin embargo, que la propia Constitución reconoce, en el artículo 28, el derecho a la libertad de empresa y a la economía de mercado como valor económico. En efecto, el artículo 28 establece:

Artículo 28

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y conforme a las leyes.

En la misma línea, el artículo 27 recoge el derecho a la propiedad privada:

Artículo 27

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, sin otras limitaciones que las derivadas de la función social de la propiedad.
2. Nadie puede ser privado de sus bienes o derechos si no es por causa justificada de interés público, mediante la justa indemnización y de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.

En cumplimiento de este mandato constitucional, nuestro ordenamiento jurídico prevé como eje vertebrador y regulador de las relaciones jurídico-privadas la libertad de pactos y la economía de mercado. Es decir, los particulares están legitimados para crear, regular, determinar y extinguir sus relaciones jurídico-económicas de conformidad con sus propios intereses. Este es el principio de autonomía privada o de autonomía de la voluntad de las partes contratantes. Sin embargo, en los últimos tiempos, este poder de autorregulación que el ordenamiento jurídico reconoce a las personas particulares se ha visto reducido de forma importante.

Nos encontramos, por tanto, con que en un mismo texto constitucional se propugna, por un lado, la libertad de pactos como valor económico y, por otro, el derecho del Estado a intervenir en la economía de mercado como valor social. Esto implica la necesidad de lograr un equilibrio entre ambos valores, que en ocasiones pueden ser contradictorios.

Ahora bien, estos dos valores deberían poder coexistir y convivir en equilibrio sin que uno de ellos prevalezca sobre el otro hasta el punto de eliminarlo. De hecho, en los últimos tiempos hemos visto cómo el Estado andorrano ha otorgado una clara prioridad y preeminencia al valor social, convirtiéndose en un agente excesivamente intervencionista en detrimento del derecho a la propiedad privada, de la libertad de mercado y de la libertad de pactos, lo que, sin duda, plantea problemas de orden constitucional.

Recientemente hemos podido constatar cómo, tanto en nuestro país como en los vecinos, se han promulgado diversas normas encaminadas a regular el mercado, que se han demostrado excesivamente intervencionistas y, además, ineficaces para contener el aumento de los precios de la vivienda. Parece que los Estados han olvidado que, para cumplir sus objetivos sociales de garantizar una vivienda digna, disponen de otros instrumentos, como la promoción de un parque público de vivienda social o de vivienda a precio asequible. Y, si bien en Andorra se están haciendo esfuerzos legislativos en este sentido, de momento, quienes sufren las consecuencias de estas políticas intervencionistas son los inversores y los propietarios, mientras que el precio de mercado de la vivienda no solo no se ha moderado, sino que actualmente alcanza los 2.300 € de media mensual, una cifra totalmente desorbitada.

Ante esta ineficacia y limitación de derechos, los Estados deberán centrarse en encontrar soluciones más respetuosas con el principio de libertad de mercado y la libertad de pactos, a fin de equilibrar de forma más digna y eficaz todos los intereses en juego.

El exceso de reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos

Además de este intervencionismo, cabe destacar el exceso de modificaciones que ha sufrido la Ley de Arrendamientos Urbanos en Andorra. La primera Ley de Arrendamientos Urbanos se promulgó con la llegada de la Constitución, en 1993 (aprobada los días 2 y 3 de septiembre de 1993). Dicha ley fue modificada por la Ley de 30 de junio de 1999, cuyo objetivo era equilibrar todavía más los intereses de las partes, simplificar el contrato de arrendamiento y aligerar algunas cargas impuestas a la parte arrendataria.

La Ley de 1999 se vio afectada o modificada por las siguientes normas:

• Ley 11/2006, de 27 de octubre, de modificación puntual de la Ley de Arrendamientos Urbanos
• Ley 26/2008, de 20 de noviembre, de regulación de los apartamentos amueblados para vacaciones y de las empresas que los explotan
• Ley 03/2019, de 17 de enero, de medidas urgentes en materia de arrendamientos de viviendas
• Ley 21/2011, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley de Arrendamientos de Fincas Urbanas, de 30 de junio de 1999
• Ley 27/2017, de 30 de noviembre, de medidas urgentes para la aplicación del Convenio relativo a los derechos de las personas con discapacidad
• Ley 24/2018, de 18 de octubre, del Código de Procedimiento Civil
• Ley 23/2019, de 12 de diciembre, de medidas urgentes en materia de arrendamientos de vivienda y para mejorar el poder adquisitivo
• Ley 15/2020, de 26 de noviembre, de medidas urgentes en materia de arrendamientos de fincas urbanas y de mejora del poder adquisitivo
• Ley 30/2021, de 11 de noviembre, de medidas de protección y de flexibilización del mercado de arrendamientos de vivienda

Como consecuencia de todas estas normas, el Gobierno se vio obligado a editar un texto refundido, la Ley 15/2022, de 23 de mayo, de texto consolidado de arrendamientos de fincas urbanas, que en los casi dos años que lleva en vigor ya ha sufrido varias modificaciones, que son las introducidas por la siguientes leyes:

• Ley 30/2022, de 21 de julio, calificada de la persona y de la familia
• Ley 41/2022, de 1 de diciembre, de medidas de protección, de estímulo del mercado y de gobernanza en el ámbito de la vivienda
• Ley 42/2022, de 1 de diciembre, de la economía digital, el emprendimiento y la innovación
• Ley 24/2023, de 28 de noviembre, de medidas de estímulo y de estabilidad del mercado de arrendamientos de vivienda

Todo este cúmulo de leyes, además de ser excesivamente intervencionistas y contrarias al principio de autonomía de la voluntad, genera una gran inseguridad jurídica. Asimismo, la última ley (Ley 24/2023, de 28 de noviembre) contiene una serie de preceptos contradictorios que dificultan su aplicación e interpretación.

A lo anterior hay que añadir que la llamada “ley ómnibus”, que supuestamente debe corregir y regular la problemática del acceso a la vivienda, se encuentra actualmente en trámite parlamentario y no ve la luz debido a las discrepancias dentro del propio partido político que ostenta la mayoría parlamentaria.

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