El derecho a la intimidad es todavía más importante en un país pequeño como el nuestro, donde lo que explicamos a nuestro abogado debe ser totalmente reservado y confidencial.

En nuestro país, el secreto profesional se encuentra regulado en el artículo 30 de los Estatutos de la Abogacía, aprobados el 26 de marzo de 2025, que lo definen diciendo:

1. 
   El secreto profesional es el principio moral y jurídico que sitúa al abogado o la abogada en la obligación y en el derecho ineludibles de no revelar ningún hecho, documento o situación del cual tenga conocimiento a raíz de su actuación profesional.

Además, como garantía de lo anterior, el artículo 191 del Código Penal tipifica la violación del secreto profesional como delito, cuando establece:

“Que se castiga con una pena de prisión de tres meses a tres años, al profesional que, incumpliendo la obligación de secreto o reserva, revele secretos de otra persona.”

No obstante, existen excepciones muy concretas en las que un abogado puede levantar el secreto profesional. Estos supuestos son:

1. Con autorización expresa del cliente o de sus herederos.
2. Mediante resolución motivada de la Junta de Gobierno del Colegio, en casos de afectación grave e injusta al abogado o a terceros, y siempre que no perjudique al cliente.

1. En supuestos legalmente establecidos. Por ejemplo, la Ley de blanqueo obliga en determinados casos a formular una denuncia.

¿Cómo funciona?

• El abogado custodia tu información y te asesora con total confianza.
• Todo lo que le expliques, ya sea oralmente o por escrito, nunca se puede revelar sin tu consentimiento.
• Este deber no caduca, ni siquiera cuando termina la relación profesional.

Por tanto, el secreto profesional garantiza que puedas hablar con tu abogado con plena confianza.

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El papel de la APDA
La APDA es la autoridad de control independiente que vela por la privacidad y la protección de los datos personales en el país. Su misión es garantizar el respeto de los derechos fundamentales vinculados a la vida privada, en un contexto de transformación tecnológica constante que afecta la forma en que se recogen, almacenan y utilizan los datos.
La Agencia ofrece herramientas e información tanto a la ciudadanía —para que conozca y ejerza sus derechos— como a las empresas y administraciones, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la Ley 29/2021, cualificada de protección de datos personales.

Normativa aplicable
Los principales textos reguladores en materia de protección de datos en Andorra son:

• Constitución del Principado de Andorra (BOPA núm. 24, 04/05/1993)
• Ley 29/2021, de 28 de octubre, cualificada de protección de datos personales (BOPA núm. 119, 17/11/2021) – en vigor desde mayo de 2022
• Ley 12/2024, de 15 de julio, de modificación de la Ley 29/2021
• Decreto 368/2022, de 14/09/2022 – Reglamento de la APDA
• Decreto 391/2022, de 28/09/2022 – Reglamento de aplicación de la Ley 29/2021
• Convenio de protección de datos de 1981 y su Protocolo adicional de 2001 (Consejo de Europa)

Fundamento constitucional
El derecho a la intimidad está reconocido en el artículo 14 de la Constitución andorrana, junto con el derecho al honor y a la propia imagen. Este derecho fundamental protege a la persona frente a intromisiones ilegítimas tanto en el ámbito público como en el privado.

El Tribunal Constitucional de Andorra ha consolidado doctrina al respecto, destacando que:

• No es un derecho absoluto, sino que puede verse limitado por causas legítimas, tales como:
  • una investigación penal en curso,
  • la protección de derechos de terceros,
  • o el interés general.
• Toda limitación debe respetar el principio de proporcionalidad, es decir:
  • debe ser necesaria,
  • idónea,
  • y proporcionada en sentido estricto.

Dado que se trata de un derecho fundamental, su regulación debe hacerse mediante ley cualificada, y su protección puede ejercerse tanto por vía administrativa (a través de la APDA) como judicial (tribunales ordinarios o, en su caso, el Tribunal Constitucional).

¿Qué debe saber un cliente al facilitar datos personales?

Conforme al artículo 16 de la Ley 29/2021, el responsable del tratamiento debe informar a la persona interesada sobre los siguientes aspectos:

• Identidad y datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante
• Datos de contacto del delegado de protección de datos (DPD)
• Finalidad del tratamiento y base jurídica
• Interés legítimo del responsable o de terceros (si procede)
• Destinatarios o categorías de destinatarios
• Transferencias internacionales y garantías aplicables

Para garantizar la transparencia, también deben indicarse:

• Plazo de conservación o criterios para determinarlo
• Derechos que puede ejercer la persona interesada
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento (si esta es la base jurídica)
• Derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad de control (APDA)
• Si la comunicación de datos es obligatoria o voluntaria, y consecuencias de no facilitarlos
• Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, incluyendo la lógica aplicada y las consecuencias previstas

Si los datos se van a utilizar con una finalidad distinta de la inicialmente prevista, se debe informar previamente a la persona afectada.

Derechos de la persona interesada
Las personas interesadas pueden ejercer los siguientes derechos:

Limitaciones a estos derechos
Estos derechos no son absolutos. Por ejemplo, según el artículo 37 de la Ley cualificada de prevención del blanqueo, los profesionales están obligados a conservar los datos de sus clientes durante un período mínimo de cinco años por razones legales o reglamentarias.

Asesoramiento especializado
Si tenéis dudas sobre la aplicación de la normativa de protección de datos —ya sea respecto a vuestros derechos como personas afectadas, o sobre vuestras obligaciones como profesionales o empresas que tratan datos personales— en nuestro despacho podemos asesoraros de forma personalizada.
Analizaremos vuestra situación y os ayudaremos a garantizar el cumplimiento normativo con seguridad jurídica y criterios actualizados.

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En Andorra, cuando se demuestra que un profesional sanitario ha actuado de manera negligente o ha cometido un error, puede ser demandado por daños y perjuicios. Se considerará que existe responsabilidad civil médica en Andorra cuando se cumplan los siguientes requisitos de manera acumulativa:

Prueba del daño: El paciente debe demostrar que ha sufrido un daño como consecuencia de la actuación médica. Relación causal: Debe haber una relación directa entre la actuación del profesional sanitario y el daño sufrido. Actuación negligente: Debe demostrarse que el médico o profesional de la salud ha actuado de una manera que no cumple con los estándares médicos establecidos. Cuando se reclama por responsabilidad civil médica, el paciente puede solicitar una indemnización económica por los daños físicos o psicológicos que haya sufrido, los cuales deberán acreditarse mediante informes médicos que ayuden a valorarlos.

Por ejemplo, recientemente los tribunales andorranos han dictado una sentencia, más concretamente, es la sentencia de la Sala Civil del TSJA, en el marco de la causa Núm. 0000002/2024, donde se aprecia que existe responsabilidad civil médica, ya que el médico no llevó a cabo las pruebas pertinentes que habrían posibilitado un diagnóstico adecuado del paciente y le habrían evitado sufrir un aneurisma que lo dejó en situación de incapacidad.

Por lo tanto, aquí, a diferencia de otros casos (TSJA.- 0000015/2023 y TSJA-0000040/2022), sí existe una relación de causalidad entre la actuación negligente del médico y el daño sufrido por el paciente tratado.

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